La Agenda Nacional para el Descargo Penitenciario reúne a organizaciones e instituciones de todo el país para una transformación del sistema penitenciario brasileño.
Brasil es el tercer país con mayor población carcelaria del mundo y el cuarto con más mujeres privadas de libertad. Según datos del Infopen, la Encuesta Nacional de Información Penitenciaria, en 2019 había cerca de 759.000 presos para 461.000 plazas en las cárceles. En 2020, el número de detenidos disminuyó, pero los problemas continuaron.
El hacinamiento y la suspensión de los derechos humanos, incluyendo la salud y la resocialización, son temas relevantes de esta realidad que afecta, sobre todo, a las personas negras y pobres.
En 2013, durante una audiencia pública con el gobierno federal reivindicada por las Mães de Maio, las organizaciones y movimientos sociales que luchan contra el estado penitenciario presentaron un documento, cuyo objetivo principal era un programa para la descarga inmediata de las prisiones y la reducción de la población carcelaria.
En 2016, el documento fue actualizado con más organizaciones que pasaron a formar parte de la Agenda Nacional de Desencarcelamiento. Hoy, 43 organizaciones y 18 frentes estatales de todas las regiones del país conforman el movimiento.
La Agenda construyó un programa popular de descarga y desmilitarización de las prisiones con 10 puntos de transformación y reflexión para el sistema penitenciario brasileño. Entre ellos, la suspensión de cualquier financiación para la construcción de nuevas prisiones; cambios legislativos para limitar la aplicación de las detenciones preventivas; la despenalización del comercio y el uso de drogas; la reducción del sistema penal y la prohibición del castigo para determinados delitos; la prohibición de la privatización de las prisiones; y, finalmente, la prevención y el combate a la tortura.
Foto del IV Encuentro Nacional de Extradición en 2019 en Ceará. Foto: Fran Silva
En agosto, cinco organizaciones que integran la Agenda fueron elegidas para representar al movimiento en el Comité Nacional de Prevención y Combate a la Tortura, órgano vinculado al gobierno federal compuesto con la participación de la sociedad civil. En total, 12 entidades fueron seleccionadas para componer el Comité durante el período 2021 – 2023.
El principal objetivo de este órgano es proponer mejoras para el seguimiento de las denuncias por parte de los gobiernos federal y estatales, la mejora de las acciones para prevenir y combatir la tortura y la aplicación de las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura – MNPCT.
“Así que tenemos muchas ideas y, además, somos prácticos. Tenemos muchas sugerencias y pensamos en muchas cosas que se pueden hacer”, dice.
No solo por las organizaciones de la Agenda elegida, sino también por otras organizaciones de la sociedad civil que también trabajan en la defensa de los derechos humanos, se espera que este sea un nuevo momento en el tratamiento de este tema en el país.
Se intensifica la participación de los familiares
Con las visitas suspendidas por la pandemia, los familiares de las personas privadas de libertad comenzaron a participar aún más en las acciones de la agenda.
Posibilitar un mayor protagonismo de los familiares y ex presos en el movimiento anti carcelario fue la principal tarea que quedó del encuentro nacional que se realizó en Ceará en 2019.
Al darse cuenta de que estas personas no se veían a sí mismas como participantes importantes en la Agenda, hubo un esfuerzo por incluirlas cada vez más. Sin embargo, lo que impulsó este papel fue la restricción de información y de visitas a los presos durante la pandemia.
“La gente no tenía noticias, no tenía información de sus familiares, no sabía cómo estaba. Si estaba muerto, si estaba vivo, si tenía Covid”, recuerda Patricia.
Mientras tanto, un vídeo de María Teresa dos Santos, Doña Teresa como se la conoce, se hizo viral. Ella, una mujer negra de 61 años, compone la Agenda Nacional de la Asociación de Amigos y Familiares de Personas Privadas de Libertad de Minas Gerais, habló sobre los diez puntos del Programa Popular de Descarga de Prisiones y Militarización y consiguió llegar e influir en muchas personas para trabajar con la vergüenza de tener un familiar encarcelado. Patricia defiende que es un gran ejemplo para estas personas.
“Cuando la gente esté más informada, cuando conozca sus derechos, se movilizará y correrá tras ellos. Cuando no tienen información, sólo conocen sus deberes, no saben ni qué hacer, ¿no? Nos damos cuenta mucho de eso y eso quedó claro en nuestra actuación con los estados”, revela.
Desde el inicio de la pandemia hasta ahora, la Agenda Nacional ha logrado consolidar 14 nuevos frentes estatales, es decir, más organizaciones, sobre todo familiares, se han integrado al movimiento. Actualmente, 18 estados están más organizados para enfrentar las irregularidades y violaciones en el sistema penitenciario, pero la coordinación se da en los 27 estados de la federación.
